jueves, 23 de octubre de 2014

Diputado Castillo Semán pide a Medina mandar “pal carajo” a la CorteIDH.


SANTO DOMINGO, República DOMINICANA .- El diputado Vinicio Castillo Semán pidió este jueves al presidente Danilo Medina enviar ‘pal carajo’ a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al país por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000.
A través de su cuenta de Twitter, el legislador propuso a Medina emular al fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez; al jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa; y al boliviano, Evo Morales, y mandar “pal carajo” a la CorteIDH.
Castillo Semán aseguró que con dicha decisión Medina “tendrá el pueblo detrás”.

“La otra opción es bajar la cabeza, traicionar a su pueblo meternos en golpe de Estado Constitucional. Y terminar en (el) zafacón de la historia”, dijo.

Argumentó que el fallo de la CorteIDH, dado a conocer ayer, “es subversivo (y) plantea rebelión contra (el) orden constitucional. Da a los haitianos instrumento jurídico para rebelarse”.
En ese sentido, dijo que las fuerzas armadas “están obligadas constitucionalmente a salvaguardar la República”, por lo que “deben desplegarse tropas en la frontera” ante el fallo CorteIDH.
El portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, anunció anoche que será el viernes próximo cuando fije su posición con respecto a la sentencia.
Rodríguez Marchena dijo que la sentencia del organismo, dada a conocer este miércoles en San José, Costa Rica, “merece un estudio ponderado y con sumo cuidado”, ya que atañe otros poderes del Estado, con son el Justicia y el Legislativo.
El funcionario dio a conocer que especialistas del Gobierno conocen con la “más absoluta serenidad”, la sentencia de 160 páginas.
Rodríguez Marchena agregó que esos técnicos realizan un estudio de la sentencia “con sumo cuidado y con suma prudencia”, para no interferir en las prerrogativas de otros poderes del Estado.
La Corte encontró culpable a República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.
Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2000 cuando el Estado detuvo y expulsó del país hacia Haití de manera arbitraria a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianos, entre quienes había niños, quienes vivían en República Dominicana.
La CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus fallos son de acatamiento obligatorio.